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lunes, 28 de junio de 2021

Esclavitud sexual en zonas mineras del estado Bolívar

La situación de esclavitud sexual se agudiza en zonas mineras porque es un círculo vicioso que depende de varios factores que lo alimentan.

Esclavitud sexual - Foto referencial - Cortesía


Desde hace varios años se escuchan testimonios de prostitución forzada bajo distintos tipos de coacciones psicológicas o abuso de poder de ciertos grupos armados que obligan a algunas mujeres a cometer actos de naturaleza sexual, del mismo modo la esclavitud sexual con fines de explotación mediante privación ilegítima de su libertad.

En las zonas mineras abunda la presencia de grupos irregulares que controlan ciertos sectores bajo violencia armada que obliga a los habitantes a seguir normas impuestas para poder sobrevivir lo que incluye el reclutamiento de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Nos han contado de casos en los que a las mujeres les quitan sus documentos de identidad para que no puedan movilizarse, por ejemplo.

Entonces, vemos como la vulnerabilidad de algunas mujeres en cuanto a las carencias económicas les empuja a aceptar ciertos ofrecimientos que no son del todo transparentes o simplemente creer en historias de éxitos efímeros que al final no son ciertas, es decir, en algunos casos van a estos lugares con falsas esperanzas; lo cruel y delicado de esta situación es que puede que no vuelvan más a la ciudad de origen.

Los ofrecimientos van desde obtener oro, conseguir ganar mucho dinero rápidamente y en muchos casos conquistar algún estatus dentro de estas comunidades mineras. Lo que se traduce en todo sentido en comercio con oro y control de grupos de delincuencia organizada.

La insatisfacción social lleva a las personas a arrojarse a estas aventuras que no siempre tienen un final feliz y a su vez este ambiente minero violento hace que sea caldo de cultivo idóneo para captar a mujeres incautas, de ahí la importancia de educar a niñas, niños y adolescentes para que no sean presa de personas con malas intenciones.

 

 ¿Qué está haciendo el Estado para erradicar la esclavitud sexual en zonas mineras?

Casi todo lo que sucede en las zonas mineras es un secreto a voces; entorno a estos lugares se ha creado una suerte de leyenda urbana sureña que indica que toda aquella persona que viaje y se instale en el arco minero, será millonario en un día. Y esta situación no es exclusiva del estado Bolívar, este tipo de pensamiento es recurrente en toda zona que viva de la minería, es lo que llaman la fiebre del oro venezolana, cuando ocurre esta migración apresurada y masiva en busca de riquezas, que gradualmente se está convirtiendo en oro de sangre debido a la extracción ilegal del mineral, el uso de la violencia armada para controlar territorios donde existan minas y finalmente la muerte de quienes solo buscan bienestar económico.

Ahora bien, para poder ingresar a estas zonas, no pasas menos de 10 puestos de control, entre los oficiales e irregulares, bien sean militares o de quienes cuidan estos sectores, adicionalmente tenemos un Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, otro Ministerio de Petróleo y Minería que en su visión profesa lo siguiente: “Garantizar la soberanía del Estado venezolano sobre el aprovechamiento responsable, sustentable, eficiente y sostenible de las riquezas minerales no renovables, con el mínimo impacto en el ambiente y su diversidad biológica, gracias al uso eficiente de la ciencia y la tecnología, con la participación equilibrada de todos los actores vinculados con la actividad minera”, contamos con un marco jurídico que va amparado desde la Constitución Nacional, pasando por leyes orgánicas, constitucionales, especiales, decretos presidenciales, resoluciones ministeriales, resoluciones del Banco Central de Venezuela, entre otros documentos; entonces todo esto lo que indica es que, no es el minero artesanal que lleva años trabajando esas tierras sino el Estado quien tiene el mayor poder de decisión sobre esas zonas.

Prácticas engañosas para llevar a las mujeres a prostituirse a zonas mineras  

¿Cómo no puede ser atractivo para cualquier persona que le ofrezcan riquezas cuando vive en carne propia una emergencia humanitaria compleja, lo que se traduce en: carencia de servicios básicos, poco acceso a la salud, a empleos con buena remuneraciones, educación de calidad, en fin, una vida digna.

La creencia popular de tener riqueza inmediata por trabajar en una mina de oro alimenta precisamente esa fiebre por el valioso mineral.

La omisión, la opacidad de información, el silencio, la censura y vox populi que solo se queda en la opinión pública como algo que sucede pero no hacemos nada, fomenta precisamente esa fantasía de querer irse a la selva y volver millonario a la ciudad.

Todo se basa en una relación de poder, quienes captan ofrecen beneficios y las mujeres vulnerables económicamente buscan solventar sus necesidades. Esta interrelación entre quienes ofrecen y quienes necesitan sobrevivir es lo que sigue sosteniendo el círculo vicioso.

Si les dijeran la verdad, obviamente no irían a arriesgarse, porque quedaría en evidencia que el riesgo es mayor a lo que posiblemente ganarían.

Es muy importante que se sepa, que no solamente son hombres quienes captan sino también pueden ser mujeres que fingen ser amigas para enamorar a personas incautas y dibujarles panoramas maravillosos, de ese modo convencerlas y llevarlas a las minas.

Lamentablemente algunos padres y madres también incentivan los viajes de sus hijos e hijas a las minas porque para ellos está normalizado soñar con un futuro mejor rápido gracias a la infinita e imaginaria bondad de la minería.

Exigencias al Estado venezolano

El exhorto para este y cualquier otro gobierno de turno es a que haga las cosas bien, a que deje de un lado las mezquindades y luchas de poder, que no solamente se interesen en los temas relacionados al respeto de los derechos de las mujeres y niñas sino que cumplan con el mandato constitucional en primer lugar, de proteger nuestro medio ambiente, de preservar y respetar la vida de los pueblos indígenas y finalmente erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que se ven afectadas directa o indirectamente por las actividades ilícitas relacionadas al Arco Minero. No lo digo yo, lo dicen las leyes que ellos mismos aprobaron.

Ver: 

La esclavitud sexual: un fenómeno alarmante en las minas del estado Bolívar 

KAM

domingo, 8 de julio de 2018

Minería ilegal: Cultura de la violencia y la ambición de poder

Por: Lcda. Karla Avila Morillo

La violencia y la minería ilegal están íntimamente relacionadas, así se evidencia al sur del estado Bolívar antes y después de las denuncias hechas por el diputado Américo De Grazia, destacando, entre muchas otros sucesos, la masacre de 28 mineros en Tumeremo el mes de marzo del año 2016. Asimismo, la abogada María Virginia Alarcón, coordinadora del Observatorio De Violencia en el estado Bolívar, indica que "los crímenes cada día van ganando más terreno, no solo en cantidad de víctimas sino también en la crueldad y saña de los delitos, registrando casos de cadáveres quemados, desmembrados, fuertemente abaleados y degollamientos".

Para ratificar su afirmación, según las cifras recopiladas por el OVV, el estado Bolívar posee tres de los diez municipios más violentos del país con las mayores tasas: El Callao con 816 víctimas por cada 100 mil/hab; Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 mil/hab; Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 mil/hab. Aquí se observa que Sifontes ocupa el cuarto lugar, siendo su capital Tumeremo, lugar donde se han conocido durante 2016, 2017 y 2018 diversos casos asociados a mineros y enfrentamientos entre grupos armados en su lucha por el control en la zona.

En un detallado análisis de inSight Crime, explica como las “Masacres de mineros en Venezuela son resultado de la guerra por el oro”, allí exponen cómo se organizan estas mafias, la jerarquía y su nivel de poder.

Camino a Las Claritas, El Dorado. Foto: Karla Avila M.

 
Desde el punto de vista jurídico, acota el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, que “la Constitución Bolivariana de Venezuela (Art. 120) establece que cualquier proyecto que vaya a generar impacto ambiental debe tener un estudio que garantice su viabilidad, además de una consulta previa y eso no ha ocurrido con ninguno de los proyectos del Arco Minero, ni en general ni en particular, ese solo hecho ha violado la Constitución, bien vale la pena señalar el hecho de que los contratos de interés nacional deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, cosa que no ha ocurrido tampoco. Por lo tanto queda en evidencia dos vicios de inconstitucionalidad gravísimos, adicionalmente hay que decir que la cultura minera genera toda una serie de movimientos o consecuencias sociales, de cambios de estructura en la zona donde se instala, en el caso venezolano no es solo el tema de la explotación que ya en sí misma es grave, no existe minería que no contamine, toda minería contamina, bien sea legal o ilegal, si a eso se agrega que dicha actividad justamente por ser ilícita utiliza los mecanismos más burdos y baratos para ejercer su labor, eso hace que la misma sea de un alto costo, no solo para el medio ambiente sino para los propios obreros”. Dicho argumento se confirma con los datos proporcionados por ONU Medio Ambiente: “La minería de oro artesanal causa 35% de todas las emisiones de mercurio. Casi 15 millones de trabajadores están expuestos a este peligroso metal”. Vale la pena darle un vistazo también al sitio de internet ejatlas.org para ver cómo afecta, por ejemplo, en el estado Amazonas, específicamente la cabecera del río Ocamo en el parque nacional Parima-Tapirapeco, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana impulsó varios planes para la erradicación de la minería ilegal en el año 2004 pero luego comenzaron a ir en declive y desatención según lo manifiestan organizaciones de los pueblos indígenas de esa región, quienes también revelan agresiones físicas contra las comunidades, con énfasis en la violencia contra las mujeres, lo cual ha llegado a la muerte de varios de estos pobladores originarios. 
Foto referencial de anuncio del Ministerio del Poder Popular para la industria básica y minería (2010) en la zona de El Callao, estado Bolívar. Venezuela. Foto: Karla Avila M.

Foto referencial de cartel de bienvenida en la entrada de El Callao (2010). Foto: Karla Avila M.


Dichas organizaciones indígenas han denunciado la sobre-explotación laboral de los aborígenes, quienes terminan realizando trabajos forzados para los mineros a cambio de una prenda de ropa, comida, algo de oro, mujeres, entre otros. Han denunciado también la violación de las hijas de las comunidades, agresiones y conflictos permanentes de los mineros hacia los indígenas. Esta situación ha mermado la capacidad de movilización de las comunidades por lo que La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación ante estos acontecimientos. Así lo documenta Environmental Justice Atlas.

Por otro lado, la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru explicó en el informe para el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) del año 2016, disponible en su sitio web, que “no cuentan con garantías específicas de protección y atención transversalizadas por la variable étnica, a pesar de la existencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerada un logro del movimiento feminista aunado a la voluntad política gubernamental, no obstante dicha Ley clasifica a las indígenas como un grupo especialmente vulnerable en su Art. 4, pero entre las circunstancias agravantes (Art. 65) no incluye la procedencia étnica, ni las acciones sexistas motivadas por la discriminación étnica y racial”.

Característica geográfica de zonas cercanas a las minas, estado Bolívar. Venezuela. Foto: Karla Avila M.
Característica geográfica de zonas cercanas a las minas, estado Bolívar. Venezuela. Foto: Karla Avila M.


Las ONG indígenas amazónicas, agrupadas bajo la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) han denunciado desde el año 2012 a través de los medios de comunicación la presencia de actores armados no estatales que se auto-identifican como integrantes de las guerrillas de Colombia. La primera denuncia con cobertura mediática fue la relacionada con la presunta masacre de la comunidad de Irotatheri, acaecida en el territorio yanomami, publicado el 29 de Agosto de 2012 en la página web de Aporrea. Luego fue desestimada por el gobierno venezolano, en reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el 10 de Septiembre de 2012, en dicho escrito se señala que: Fueron encontrados viviendas con más de seis meses de construcción, vastos cultivos de plátano, sembradíos de yuca, caminos trazados hacía el río y la amabilidad pintada en el rostro de 19 mujeres y 23 hombres, quienes tranquilos respondían: “Estamos finos. Todos estamos comiendo bien, nadie pasó por acá, no pasó nada. Nadie molesta a nadie aquí.”, sin embargo y en contraste con este escrito, La COIAM, junto a ORPIA y todas sus organizaciones afiliadas, elaboraron múltiples comunicados desde el año 2012 y consumaron varias reuniones de alto nivel, del año 2013 al 2015, para denunciar y contribuir junto con el gobierno nacional a erradicar el problema. Trayendo como resultado que salvo algunas acciones puntuales contra la minería ilegal, la mayoría no perduraron en el tiempo.

Desde las organizaciones de mujeres indígenas amazónicas se ha denunciado la manera cómo afecta a las mujeres, niñas y adolescentes. A propósito de la Segunda Asamblea de Mujeres Indígenas de Autana, disponible para lectura en el blog de la ONG Wanaaleru, pudieron identificar que la presencia de actores armados no estatales en los territorios indígenas ha incidido en el aumento de la vulnerabilidad de las indígenas antes situaciones de violencia física, sexual y psicológica. “Estos grupos armados, auto-identificados como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), generan malestar entre las mujeres por ser una presencia que no consulta su tránsito por los territorios indígenas y penetra en las comunidades para tratar de realizar pactos y alianzas con las autoridades tradicionales”.


Foto referencial de Pobladores de Las Claritas, estado Bolívar. Venezuela. Foto: Karla Avila M.
Foto referencial de comercio en la vía principal de Las Claritas, estado Bolívar. Venezuela. Foto: Karla Avila M.

Diversos medios internacionales publican sus perspectivas en relación a la minería ilegal en Venezuela y todos llegan a la misma conclusión: Esta actividad genera problemas sociales y medioambientales, lo que empeora la situación en el sur del país. Así lo señala reportaje de José Gayarre para Deutsche Welle "Venezuela: Minería ilegal bajo el control del sindicato".

Igualmente varios audiovisuales que han puesto en riesgo la vida de periodistas que dan el todo por informar. Uno de ellos, La mafia del oro en el estado Bolívar, del programa "Clandestino" para Discovery Latinoamérica, conducido por David Beriain, donde queda en evidencia la pugna entre bandas, sindicatos, mineros, entre otros actores involucrados.


 
Por otro lado, al sur del estado Bolívar, según argumentos de una testigo, la cual no desea ser identificada, quien trabajó por un tiempo en zona minera de esa región, manifestó que se escuchan casos de prostitución forzada bajo distintos tipos de coacciones psicológicas o abuso de poder de ciertos grupos armados que obligan a algunas mujeres a cometer actos de naturaleza sexual, del mismo modo la esclavitud sexual con fines de explotación mediante privación ilegítima de su libertad. “De eso no se habla mucho pero sí está pasando, hay mujeres que llegan a las minas a cocinar para quienes trabajan allá, pero también se les llama cocineras a las mujeres que se prostituyen. Por ahí traen engañada a más de una que por desesperación, buscan una entrada de dinero, llegan creyendo que van a cocinar y terminan en la prostitución, hasta le pagan con oro a algunas. Estas son otras mafias” indica la declarante. 

Oro cochano (en bruto). Foto: Cortesía


Increíblemente, algunas de las mujeres que viven en zonas mineras alegan que aquello es un paraíso, que se vive tranquilamente y mejor que en otros lugares, a la mayoría de ellas, les pagan sus servicios con gramas de oro, cada grama equivale 64,79891 miligramos o como dicen en su ámbito laboral: 1 grama es igual a 10 puntos de oro. Es muy ilustrativo mencionar que a la fecha de hoy, julio de 2018, cada grama vale unos 95.000.000 BsF. por transferencia bancaria, en efectivo tiene un costo de 30.000.000 BsF. aproximadamente, estos precios son de áreas cercanas a las minas, mientras que en Ciudad Guayana es más costosa.
Si llevamos estas cifras a la nueva reconversión monetaria venezolana, serían unos 950 Bs Soberanos por transferencia electrónica y en el caso de efectivo unos 300 Bs soberanos, sin embargo, dada la hiperinflación, el aumento para el 30 de octubre de 2018 es de 4.500 Bs soberanos por grama de oro.